RESUMEN : Carlos Sagrera, MSc.

Perú, un país minero y petrolero en constante crecimiento, con una notoria inestabilidad política, tuvo el 15 de enero de 2022 el mayor derrame de hidrocarburos de su historia en sus aguas marinas (nivel Tier III), en las cercanías del Puerto de El Callao. En efecto, en circunstancias en que el Buque Tanque Mare Doricum procedía a descargar crudo de origen brasileño (28,2° API) en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla de la empresa REPSOL y por motivos que se encuentran en proceso de investigación y en una disputa legal entre las partes, hay un derrame de 11.900 bbl que generará impactos ecológicos muy importantes en una zona muy rica por su pesca y fauna marina en unos 100 km de costa e islas con parques protegidos al norte de la capital Lima.

Con un Plan Nacional de Contingencias (1993) completamente desactualizado, las autoridades lógicamente no lo aplicaron y en su lugar activaron un Plan Distrital, diseñado para niveles Tier II, y nunca escalaron oficialmente el incidente al siguiente nivel. El artículo describe inicialmente las características y posibles causas del incidente, la organización y etapas de la respuesta, para centrarse después en las capacidades, que implican los recursos disponibles, que fueron aplicadas por etapas por la empresa petrolera y avaladas por las autoridades peruanas y sucesivamente con apoyo local, regional e internacional.  Siguiendo los últimos criterios de IPIECA, presentamos su modelo de círculo concéntrico y evolutivo aplicado al caso peruano, que permite visualizar las 15 capacidades que se aplicaron. De esta manera, se observa que las capacidades del país no estaban a la altura de la gestión de riesgos, la cual sólo fue esbozada previamente pero no evaluada.

Con errores activos y latentes que aquí se esbozan, así como algunos aspectos positivos en la gestión, se concluye que este fue un verdadero incidente de nivel Tier III y un “Escenario de Peor Caso” para el Perú. Como DWH (2010) para los EE.UU, la industria petrolera, autoridades marítimas y ambientales, así como las organizaciones referentes en América Latina (ARPEL-ROCRAM),  a partir de este incidente, tienen múltiples lecciones aprendidas y deberían servir para revisar procedimientos y protocolos sobre la prevención y respuesta en nuestra región, lo que exige firmeza en las decisiones y transparencia de quienes las ejecutan. 

Lea el artículo completo a continuación