Dr. Juan Carlos Rivera – IMLI Diploma (Malta)
En el contexto marítimo global, los países en vías de desarrollo enfrentan desafíos considerables en la gestión de la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas (SNPP). En tal sentido el presente articulo subraya la importancia de desarrollar regulaciones prácticas y ejecutables que se adapten a la realidad de Honduras y puedan servir como modelo para otros países con retos similares. Se enfatiza en equilibrar el desarrollo económico y la competitividad portuaria con la protección del medio marino, proponiendo estrategias realistas que permitan una mejora continúa basada en la experiencia y adaptación de las regulaciones a la realidad marítima de Honduras y contextos similares.
Dicho esto, la implementación efectiva de normativas internacionales para la gestión de derrames de petróleo y SNPP en Honduras y la región centroamericana enfrenta históricamente desafíos significativos relacionados con limitaciones económicas, legales, institucionales y operativas, tanto en el sector público como en el privado. La falta de recursos financieros y la alta rotación del personal gubernamental dificultan la gestión eficiente de emergencias marítimas y la formación continua del personal capacitado, mientras que la ausencia de un marco legal específico ad hoc aplicable al ámbito privado complica la planificación y ejecución de acciones efectivas ante la contaminación marina. Esta situación subraya la necesidad de un marco estructurado “tailor made” que fomente el desarrollo de capacidades de respuesta efectivas, tanto para entidades públicas como privadas, superando así la tendencia a la improvisación y asegurando una gestión ambiental marina más eficaz.
Dicho esto, en Honduras la adopción del principio de “el que contamina paga” ha guiado la creación de normativas que asignan la responsabilidad de preparación y equipamiento para derrames de petróleo a los posibles contaminadores. Los esfuerzos iniciales para evaluar las capacidades de respuesta revelaron una brecha significativa entre los requisitos generales y la capacidad necesaria para una gestión efectiva de emergencias marítimas, evidenciando -en el área publica como privada- tanto la falta de equipo adecuado como de personal capacitado y ausencia de disponibilidad de dichas capacidades preventivas o reactivas las 24/7. Esta situación resalta la discrepancia entre la teoría y la práctica en el manejo de derrames, subrayando la necesidad de un enfoque más activo y practico que trascienda el cumplimiento documental hacia la eficiencia operacional. La carencia de regulaciones específicas que faciliten la aplicación efectiva de convenciones internacionales, como la OPRC 90, en el contexto nacional de Honduras, habían puesto en relieve la urgencia de desarrollar un marco regulatorio adaptado a las realidades locales para mejorar la respuesta ante la contaminación marina y cumplir con las obligaciones internacionales.
Así las cosas, el 24 de noviembre de 2009, Puerto Cortés, el puerto principal de Honduras, instauró a través de su municipalidad la primera legislación nacional “ad hoc” dirigida a combatir la contaminación marina por derrames de petróleo y sustancias peligrosas, representando un hito en la política ambiental del país. Aunque su aplicación inicial se limitaba a Puerto Cortés, su éxito motivó su expansión a nivel nacional mediante el Acuerdo DGMM 022/2015. Esta normativa avanzada para la prevención y control de la contaminación marina por hidrocarburos y otras sustancias nocivas se basa en el principio de “quien contamina paga”, e incluye la prevención, contención, recuperación y remediación de derrames en las aguas jurisdiccionales hondureñas. Además, involucra a todos los actores relevantes en la gestión de estas sustancias, promoviendo un enfoque integral y sistemático para la protección del medio marino.
Photo Dr. Juan Carlos Rivera in IMO
Es fundamental entender que no adherirse completamente a los principios establecidos en el Acuerdo 22/2015 se considera como un incumplimiento total. Esto significa que si una entidad dispone de un Plan de Contingencia pero carece de los recursos adecuados para la recuperación de derrames, se ve como no conforme en su totalidad. Este enfoque destaca la importancia de que todas las empresas implicadas dispongan de capacidades efectivas para asegurar una respuesta integral y eficaz ante incidentes.
La Regulación DGMM 022/2015 especifica que las empresas involucradas en el manejo de Hidrocarburos y SNPP peligrosas deben tener disponible el equipo necesario y personal capacitado constantemente, permitiendo la delegación de responsabilidades a entidades especializadas (OSROs) aprobadas por la Autoridad Marítima. Este enfoque marca un cambio significativo respecto a prácticas anteriores, donde las expectativas eran ambiguas y no especificaban la necesidad de equipos adaptados al riesgo real, subrayando la evolución hacia un sistema más estructurado y coherente para la preparación y respuesta ante derrames.
Ciertamente la figura del OSRO adquiere mayor relevancia con la implementación de las nuevas normativas, ya que su contratación no solo se considera una opción para el cumplimiento de las terminales, sino que su intervención se convierte en un requisito obligatorio para los buques. En este sentido, el acuerdo 22/2015 establece que los buques que lleguen a los puertos hondureños deben contar con seguros requeridos y un “Certificado de Cobertura de Respuesta” emitido por Organizaciones de Respuesta a Derrames de Petróleo (OSRO) certificadas.
Ahora bien, la falta de criterios rigurosos para la acreditación de estas entidades comprometía previamente la gestión eficiente de emergencias, permitiendo a cualquier organización actuar como OSRO sin verificar su capacidad o competencia real. El Acuerdo 023/2015 resuelve esta problemática al establecer criterios claros para la acreditación de OSROs, través de la acreditación de personal calificado, equipo y experiencia. Ocean Pollution Control S.A. (OPC), que cumple con los estándares establecidos por este acuerdo, es la única empresa autorizada para ofrecer servicios de OSRO en Honduras, demostrando su eficacia en múltiples derrames en Puerto Cortés.
Dr. Juan Carlos Rivera supervising spill control operations in Honduras in Puerto Cortes with the assigned OSRO OPCH (Eng. Elvin Torres – General Manager and Chief of Operations Héctor Córdova)
Otro punto para tomar en consideración bajo la realidad histórica de Honduras es el hecho de que el principio de “el que contamina paga” pierde fuerza ante los derrames de origen desconocidos en virtud de las dificultades de asignar responsabilidades. Ante este desafío, la Autoridad Marítima ha establecido, mediante el Acuerdo DGMM-018/2017, la obligación de que las empresas OSRO aporten el 12.5% de sus ingresos mensuales a la Autoridad Marítima. Los fondos recaudados se destinan a reforzar las acciones de prevención y respuesta ante derrames cuya procedencia no se puede determinar. Este innovador mecanismo ha propiciado una evolución sustancial en el Departamento de Protección del Medio Marino, ampliando su espectro de acción para incluir auditorías completas, revisiones detalladas de buques y análisis de la calidad del agua, enriqueciendo su contribución a la salvaguarda del entorno marítimo.
Por otro lado Honduras ha desarrollado un Plan Nacional de Contingencia con el apoyo técnico de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). Este plan se integra en un sistema cohesivo que abarca desde planes de emergencia locales hasta el Plan de Emergencia Regional Centroamericano, asegurando una gestión unificada ante contingencias. Pese a tener este marco, la respuesta ante emergencias reveló falencias en la articulación efectiva de estos planes, destacando la necesidad de mejorar la coordinación.
Para abordar estas deficiencias, en 2017 se aprobó el Acuerdo DGMM 123/2017, que introduce una Guía Funcional para los Planes de Contingencia Locales destinados a entidades implicadas en el manejo de hidrocarburos y SNPP. Esta guía, que se alinea con estándares internacionales y experiencias previas, incluyendo lecciones del incidente del Golfo de México en 2010, busca optimizar la preparación y respuesta ante derrames. Además, estipula la obligación de presentar planes de simulacro anuales, reforzando así la capacidad de respuesta ante posibles emergencias. A esto habrá que sumar la ejecución de los primeros simulacros de derrame de SNPP con movilización de equipo realizados en la región.
En conclusión, En su camino hacia una gestión efectiva de la contaminación marina, Honduras ha avanzado con determinación, superando desafíos y aprovechando oportunidades estratégicas. La participación de gobiernos locales ha sido clave, alineando la gestión de la contaminación con las prácticas globales mediante la adopción de estándares internacionales y la promulgación de leyes significativas para la protección de los recursos marinos. Aunque Honduras aún debe adherirse a convenios internacionales clave para fortalecer su posición en la gobernanza marítima, iniciativas proactivas bajo el principio de “quien contamina paga” y el desarrollo del esquema OSRO han marcado un progreso notable hacia la conciliación del desarrollo económico con la protección ambiental. A pesar de los desafíos persistentes, como la necesidad de una aplicación más rigurosa de las regulaciones y el acceso a tecnologías innovadoras, el país está haciendo esfuerzos institucionales significativos, incluyendo la creación de fondos dedicados a la prevención y control de derrames.
Queda mucho camino que recorrer, pero sin perjuicio de ello Honduras se mantiene firme en su compromiso con la gestión integral de la contaminación marina, evidenciando un avance sostenido hacia la protección del medio marino.
